Defensor público que tomó el caso acusa responsabilidad compartida de Fiscalía y Carabineros por persistir en la detención, mientras que Mujeres Libres de Pichilemu denuncia una seguidilla de errores, incluyendo el tratamiento del caso en medios de comunicación.
Durante los últimos días fue noticia a nivel nacional el caso de una mujer de un sector rural de Pichilemu quien fue detenida por infringir el toque de queda, luego de haber llamado a Carabineros para denunciar una violación de la que fue víctima. El hecho causó indignación en la opinión pública, criticando el actuar de efectivos de Carabineros quienes, después de llevar a la víctima a constatar lesiones, la mantuvieron detenida en un calabozo sin ofrecer contención.
Los hechos
Renato Cárcamo, el defensor público que tomó el caso por incumplimiento del toque de queda, señaló que tuvo conocimiento de la situación durante el lunes 6 de julio al comunicarse con la mujer antes de su audiencia, quien le relató su versión de los hechos. En resumidas cuenta, luego de darse cuenta de haber sido violentada sexualmente por dos hombres con los que compartió esa noche, acudió a pedir ayuda a una casa vecina; desde allí, otra mujer llamó a Carabineros para denunciar el hecho. Ambas mujeres esperaron afuera del lugar la llegada de los efectivos policiales, pero estos, al notar el supuesto estado de embriaguez de la víctima, procedieron a detenerla por infringir el artículo 318 del Código Penal. En el hospital donde se constataron lesiones, el médico encargado corroboró que la mujer presentaba claros indicios de haber sufrido una violación.
La versión de Carabineros señala que informaron a Fiscalía sobre lo anterior, además de la causal de detención, pero que la fiscal de turno ordenó pasar a control a la mujer por infringir el toque de queda. “Hay responsabilidad compartida, no tanto de Carabineros, tal vez en algún minuto le informó toda la situación y la fiscal ordenó seguir adelante con el procedimiento (…) El Ministerio Público, aun teniendo conocimiento del delito de violación, persistió en pasar a control de detención por el artículo 318 habiendo claros indicios que en el fondo lo que había era una denuncia”, señaló Cárcamo.
Durante el proceso, el fiscal que tomó el turno insistió en la legalidad de la detención, pero el juez del Tribunal de Garantía la declaró ilegal, añadiendo que los Carabineros debieron haber auxiliado a la mujer como víctima de delito sexual. “El día 23 fijaron una audiencia para que ellos pidieran administrativamente un principio de oportunidad y yo adelanto que la defensoría está obligada a pedir el sobreseimiento definitivo entendiendo los antecedentes”, concluyó el abogado.
Falta de protocolo y protección a la víctima
La colectiva feminista Mujeres Libres de Pichilemu hizo públicas sus críticas a través de sus redes sociales en cuanto el hecho fue de conocimiento general. Entrevistadas por PichilemuTV.org, integrantes de la organización mencionaron que tras su detención la mujer, cuya identidad se mantiene anónima, fue llevada a constatar lesiones al hospital como parte del procedimiento y en el lugar se comprobó la denuncia hecha por la mujer. Seguido de esto, fue retenida en un calabozo hasta el día siguiente cuando ocurrió la formalización del delito, y se llevaron dos causas paralelas “violación de toque de queda y la violación a su persona”, señaló Tamara Monroy, miembro de la organización.
“Nosotras como organización creemos primero en la víctima y en su relato” indicó Monroy, quien además acusa revictimización en el tratamiento de la noticia. “Hoy en día los antecedentes que se han manejado en torno a lo que sucedió ha sido revictimizante porque ha estado contando gente, que no es principalmente la afectada, todo lo que sucedió en torno a ella”. La colectiva indica que el énfasis de las noticias ha recaído principalmente en el estado en que se encontró a la víctima, contando detalles escabrosos del caso, pero no se ha hablado de las personas que la agredieron ni se han enfocado en que la mujer no tuvo acceso inmediato a justicia ni se le dio el auxilio para contenerla en ese momento tan estresante.
Noelia Aguilera, también integrante de la organización, critica los prejuicios con los que se ha tratado el caso que parten con el momento de la detención al detener a víctima por estar en estado de ebriedad y el manejo amarillista de medios de comunicación: “Hemos visto condenas y juicios públicos, tanto de los carabineros que fueron los primeros en realizar este tipo de prejuicios y se ha escuchado en redes sociales y medios locales sobre el estado de la víctima, pero en ningún momento se ha hablado de los victimarios y es súper prejuicioso que nos culpen a nosotras por las cosas que nos pasan”. Aguilera también critica el actuar del hospital por no actuar con criterio frente a este caso.
La organización feminista denuncia que las mujeres dependen de la voluntad de las personas que reciben a las víctimas. “Tenemos todo un aparataje que debería velar por nuestros intereses y poder protegernos, no puede ser en ninguna parte del mundo, sin embargo, vemos y es recurrente que somos las mujeres las víctimas de abuso”, señala Monroy y añade “vemos que la violencia es sistemática hacia nosotras y no hay una transparencia de protocolos, no sabemos efectivamente cuál es el acompañamiento real, sabemos que si hoy una mujer es víctima de uno de estos hechos, para recibir apoyo debe viajar a San Fernando”.
“La ministra de la Mujer ha dicho que en cualquier contexto las mujeres pueden ir a denunciar cualquier tipo de abuso, pero esto no ha sido así”, indica Monroy. En cambio son las organizaciones civiles las que prestan ayuda oportuna y están pendientes de las víctimas según denuncia la colectiva, “hay una insensibilización y normalización absoluta de un delito grave”.
Para concluir, la organización feminista señala que “en vez de que abogados defensores den estos datos que no son necesarios más que para tribunales, velen por los derechos de la mujer y que haya acompañamiento psicológico, y que no terminen desistiendo las mujeres de las denuncias y como un número más”.
Comunicado Juzgado de Garantía
El Juzgado de Garantía de Pichilemu declaró ilegal la detención de imputada por infracción al toque de queda y poner en peligro la salud pública, quien fue detenida por Carabineros a las 4.40 horas de la madrugada del lunes 6 de julio recién pasado, cuando había salido a vía pública para denunciar que había sido víctima de una violación.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 722-2020), el magistrado Daniel Holzmann-Weizmann Venegas declaró la ilegalidad de la detención de C.P.C.G., imputada por el Ministerio Público por infringir supuestamente normas higiénicas y de salubridad.
“Habiendo oídos a los intervinientes y encontrándose las partes de acuerdo que la víctima de un delito, aunque haya sido sorprendida en la calle en horario de toque de queda, no se le puede imputar, además, la comisión del delito contemplado en el artículo 318 del Código Penal y, en ese entendido, se declara ilegal la detención”, razona la resolución del tribunal.
En la causa, a solicitud del Ministerio Público, el tribunal fijó hoy, viernes 10 de julio, audiencia de comunicación de no perseverar en el
procedimiento, la que se realizará por videoconferencia, a partir de las 9.30 horas del próximo jueves 23 de julio.